Santo Domingo, 30 de julio de 2025 – En una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la comisión especial presentó un informe con las enmiendas consensuadas para la reforma del Código Penal dominicano, entre ellas una que sancionaría a agentes policiales o militares que impidan a ciudadanos grabar escenas de arrestos, registros o allanamientos. Según el proyecto, estos actos serían castigados con penas de entre 15 días y 1 año de prisión menor, además de una multa de uno a dos salarios del implicado.

El Artículo 286 del nuevo marco penal propuesto prohibiría expresamente que cualquier autoridad militar o policial detuviera videos o grabaciones realizadas por una persona, ya sea en su contra o contra un tercero, durante actuaciones oficiales. No obstante, se aclara que estas restricciones no aplicarían si la grabación “interfiere con la labor del agente o pone en riesgo su integridad”

Un añadido clave establece que, si bien el ciudadano o testigo tiene derecho a filmar, la publicación de la grabación solo estaría permitida con el consentimiento del intervenido.

Otras sanciones contempladas

La propuesta también incluye penalizaciones por la revisión ilegal de vehículos. Un agente que inspeccione un automóvil fuera de supuestos legalmente autorizados o sin causa probable enfrentaría, igualmente, de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público. Si la acción incluye uso injustificado de la fuerza, daño al vehículo o intimidación, las sanciones se agravan: hasta dos años de prisión y multa de hasta seis salarios mínimos.

Consenso político y respaldo institucional

El texto del informe fue respaldado por las bancadas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y PLD, en conjunto con instituciones como la Procuraduría General, la Defensoría Pública y otros entes del Estado.

De ser aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados, el documento pasaría al Senado. Si se ratifica en esa cámara mediante una sola lectura, quedaría pendiente la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Contexto y alcance

Las modificaciones reflejan un esfuerzo legislativo por garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a registrar acciones estatales, fortaleciendo la rendición de cuentas públicas. Además, encajan en una agenda más amplia que incluye nuevas tipificaciones penales sobre terrorismo, feminicidio, robo de identidad, manipulación genética, entre otras conductas de alto impacto social.